El amanecer del 16 de agosto de 2024 en Sinaloa trajo consigo la noticia de la renuncia de Sara Bruna Quiñónez Estrada, la Fiscal General del Estado. Conocida por su férrea postura contra el crimen organizado, Quiñónez enfrentaba crecientes críticas tras las irregularidades en la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, un crimen que remeció los cimientos políticos y sociales de la región.
La historia comenzó el 25 de julio, cuando Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y líder del Partido Sinaloense, fue brutalmente asesinado. La versión oficial sugería un intento de robo de vehículo, pero rápidamente surgieron dudas. Las inconsistencias en la investigación se hicieron evidentes cuando la Fiscalía General de la República (FGR) encontró errores cruciales: desde una mala descripción de los signos cadavéricos hasta la falta de peritajes en la escena del crimen.
La gestión de Quiñónez se tornó insostenible cuando la FGR tomó el control del caso, revelando las deficiencias de la investigación local. El gobernador Rubén Rocha Moya, quien había apoyado a la fiscal en el pasado, aceptó su renuncia con un mensaje que reflejaba la gravedad de la situación: «Sé que lo hace honrando la honorabilidad que le caracteriza», dijo, reconociendo tácitamente los errores cometidos.
La renuncia de Quiñónez marca el final de un capítulo oscuro en la administración de justicia en Sinaloa, un estado azotado por la violencia y el crimen organizado. Su salida deja un vacío en la Fiscalía, mientras la ciudadanía y las autoridades enfrentan la tarea de restaurar la confianza en el sistema de justicia.
